No se trata
solo de migrantes: se trata de nuestra humanidad
Mensaje de los obispos mexicanos con motivo del acuerdo entre México y los Estados Unidos en materia arancelaria y política migratoria
-
1. MUJERES EN MÉXICO: SUS LUCHAS CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES
PRESENTACIÓN
113
PRESENTACIÓN
Elio Villaseñor Gómez
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C.
En los últimos días, han irrumpido en la vida pública nacional sucesos muy graves debe ponderar el gobierno, analizarlos con toda seriedad y tomar las acciones consecuentes.
El pulso de nuestro país revela que nos encontramos en un virtual estado de emergencia nacional, no solo por los últimos acontecimientos cuya frecuencia y sucesión han indignando al país, sino también por los visos de impunidad que revisten casos emblemáticos como la captura y liberación de Ovidio Guzmán en Sinaloa, así como los enfrentamientos en Aguililla, Michoacán, y los registrados en Tepochica, Guerrero, los sucesivos ataques armados contra policías y civiles registrados en Guanajuato y el trágico crimen de 3 adultos y 6 menores de edad de la familia LeBaron. Todos muestran como cada día la violencia extrema va enlutando muchos hogares en el país.
Nos encontramos en un entorno de suyo complejo, en donde los cambios políticos, económicos y sociales ofrecidos por el gobierno en turno no se han concretado y, en su lugar, los ciudadanos atestiguamos cotidianamente un discurso que fija la agenda nacional y domina la conversación pública como vía para enfrentar hechos y sucesos inesperados.
Pero también es una alocución que polariza y exhibe la escasa voluntad de sumar a la sociedad para que sea parte de la solución al clima de la inseguridad y en un factor clave en la construcción de la denominada Cuarta Transformación de la República.
Asimismo, en este contexto, la ciudadanía vemos con preocupación que una de las estrategias para frenar a la corrupción es la política de austeridad que, sin ningún estudio sobre los objetivos de largo plazo de muchos programas sociales y sus resultados (que en la práctica habían venido funcionando medianamente bien durante administraciones pasadas), el actual gobierno determinó recortar sus recursos en el mejor de los casos y, en el extremo, decretó su desaparición.
En ese empeño, las 40 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC) oficialmente registradas en México también resultaron afectadas, luego de que el pasado 14 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador giró una circular a todas las dependencias federales ordenando no transferirles más recursos y, metiéndolas a todas en un mismo saco, las acusó de corrupción y opacidad.
En ese orden, la aplicación de la política de recortes afectó igualmente a empleos de personas e instituciones que habían venido trabajando de manera honesta y poniéndose la camiseta de servidores públicos que impulsaban acciones y programas que gradualmente fortalecían el tejido social, en lugares del país en donde sus propias comunidades también venían construyendo proyectos de infraestructura, de sobrevivencia o de defensa de sus derechos. Es el caso de la desaparición del programa de Estancias Infantiles o la cancelación de los subsidios que se destinaban a los refugios para mujeres que viven violencia extrema.
Asistimos a un escenario en el cual lo importante para el gobierno es “jalar la cobija” presupuestal y favorecer el gasto para sus prioridades, sin un estudio previo sobre el impacto de cancelar proyectos basados en la implementación de políticas públicas con un probado soporte de las buenas prácticas comunitarias.
Por supuesto, que desde la sociedad se encomian los esfuerzos por cancelar gastos excesivos e innecesarios y se coincide con la determinación de priorizar el desarrollo de los grupos más vulnerables. No obstante, también es de subrayar que ahorrar por ahorrar o no gastar por no gastar es una sinrazón.
Ciertamente, garantizar finanzas públicas sanas es un apremio en la actual coyuntura, pero se debe entender que las disciplinas fiscal y macroeconómica son un medio no un fin, pues también es prioritario contar con los recursos suficientes para ejecutar políticas públicas que deriven en impactos y beneficios para toda la población. Sin embargo, todo indica que la línea del gobierno es confinar en un plano negativo todo lo que considera que en administraciones pasadas y proyectos comunitarios no funcionaban o se presumían indicios de corrupción, es decir, tratar con el mismo rasero y aplicar la línea del machetazo de manera ciega.
La falta de sensibilidad y conocimiento de esta administración hacia muchos proyectos comunitarios que dejaron de ser destinatarios de recursos públicos, no tomó en cuenta que estos fueron producto de muchos años de lucha ciudadana para construir experiencias autogestionarias y que, en la práctica, fueron las primeras escuelas cívicas para gradualmente construir ciudadanía.
A la ciudadanía, nos queda claro que, quizás sin proponérselo, recortar el presupuesto de manera discrecional no abona los esfuerzos para reconstruir y fortalecer el tejido social, de cimentar confianza en todos los ámbitos y de afirmar la inteligencia y los esfuerzos comunitarios encaminados a solucionar los problemas cotidianos más ingentes.
Es preciso acotar que la lucha desde una ciudadanía comunitaria ha significado para la sociedad un proceso de prolongado aprendizaje para concientizarnos de que nuestros derechos los tenemos que conquistar, siendo parte funcional de la correcta y eficiente aplicación de los presupuestos públicos locales y federales que están orientados a potenciar los proyectos de las comunidades. Hemos aprendido que las personas no buscan dádivas, sino exigen derechos y libertades, incluso los más elementales y los consagrados en la Constitución General.
Otro de los efectos de austeridad se refleja en los recortes y afectaciones a programas y apoyos a migrantes connacionales, principalmente los radicados en Estados Unidos. Lo anterior, a pesar de que el aporte de los mexicanos por concepto de remesas cada año marca captaciones récord. Por ejemplo, de acuerdo con datos del Banco de México, de enero a septiembre de 2019, este flujo sumó 26 mil 980.3 millones de dólares y se estima que al cierre del año rebase los 30, mil millones de dólares.
A pesar de ello, la política de austeridad también alcanzó a este segmento de la población. Baste mencionar que desaparecieron los apoyos al programa 3x1 para Migrantes, los que se destinaban al Fideicomiso de Apoyo a Ex trabajadores Migratorios (braceros); se suspendió el programa de becas para educación superior de los migrantes; el programa IMSS para migrantes; así como otros apoyos para mexicanos radicados en el exterior que se canalizaban vía la labor consular en el extranjero, a pesar de que estas representaciones expresaron la necesidad de no eliminar las partidas presupuestales para cumplir a cabalidad las demandas y necesidades de atención a nuestros connacionales.
El peso económico de los migrantes mexicanos también dota a los cerca de 34 millones de un significativo peso político que los ha distinguido por su potencial electoral, pues tan solo en 2016, cerca de 22 millones de ellos tuvieron la posibilidad de emitir su voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Su peso electoral en EUA es significativo si se analizan los datos de ese país, donde se calcula que 9.2 por ciento de los votantes en las presidenciales de 2016 eran de origen hispano, ocho puntos porcentuales arriba de 2012 (8.4 por ciento), aunque existe la preocupación porque la tasa de votación entre la población hispana no ha crecido mucho en el tiempo (fue del 48 por ciento en 2012 y de 47.6 por ciento en 2016). En general, la población mexicana e hispana en Estados Unidos, por tanto, tienen una importancia electoral innegable, sin embargo siguen siendo bajas sus tasas de participación en las votaciones del vecino país.
Es un hecho que los mexicanos ya son parte de esta comunidad que participa como fiel de la balanza en las elecciones aquí y allá. Conforme a los datos publicados por el IFE, hoy INE, para la elección de Presidente de la República, en 2006, solo votaron 32 mil 621 ciudadanos radicados en el extranjero; en 2012 votaron 40 mil 714, y en 2018 sufragaron 98 mil 470.
En su lucha por sus derechos tanto en Estados Unidos como en México, los connacionales han modificado nuestro imaginario ciudadano, para no concebirlos solo como agentes generadores de recursos, sino considerarlos como protagonistas de la transformación de la nación donde residen, que han asumido como propia, aunque sea de manera transitoria, y de un cambio generacional personificado en sus hijos nacidos en el vecino país.
Además, este imaginario obliga a distinguirlos en igualdad, en tanto son sujetos de derechos cívico-políticos en ambas naciones, y parte estructural de las políticas públicas binacionales. Estos datos de la realidad social, fundamentalmente económica y política, inducen a reflexionar, una vez más, sobre el derecho de voto de los mexicanos en el extranjero, del derecho a elegir y ser elegido para representar al pueblo mexicano expatriado.
En el 2020 habrá elecciones en Estados Unidos para renovar su Presidente y los connacionales podrán emitir su voto, pero también los mexicanos en el exterior originarios de 11 entidades del país podrán ejercer su derecho al voto en 2021, en las elecciones locales y cambios de gubernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán.
Ese escenario, nos obliga a reconocer que la ciudadanía de Aquí y de Allá, ya es un actor propositivo, que sin duda buscará los puentes de diálogo y de coordinación entre los distintos sectores para ofrecer su fuerza y su inteligencia para la solución de los problemas más urgentes del país.
POSDATA
El día 28 de noviembre será recordado como uno de los más negros de nuestra joven democracia porque el Congreso de la Ciudad de México derogó el derecho de la población chilanga que vive en el exterior a tener una representación en el congreso local en las elecciones del 2021.
Este golpe a los derechos ahonda la división que se hace entre los ciudadanos de la Ciudad de México: los de primera clase (con ejercicio pleno de derechos) y los de segunda clase (con derechos limitados por residir fuera de su país de origen).
En la política de austeridad del gobierno actual, no solo se recortan los presupuestos, sino también los derechos, con el argumento de que nuestra democracia es costosa.
Pero no se consideran las contribuciones de los connacionales, por ejemplo, que en 2017 enviaron 1310 millones de dólares a familias de las alcaldías de la Gustavo Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc y otras, según Banxico. Hay evidencia del interés de los chilangos que viven en Estados Unidos por fortalecer sus lazos con su país de origen, ya que según datos de la SRE 512 mil 694 originarios de la CDMX han tramitado su matrícula consular en el periodo de 2012 a 2017.
Los congresistas capitalinos tienen una visión de los derechos mercantilista y clientelar. Les falta mucha sensibilidad y solidaridad ante la realidad cotidiana que viven nuestros connacionales frente a la xenofobia en algunas ciudades estadounidenses.
La derogación de la figura del diputado migrante envía un mensaje desalentador e implica, en los hechos, la negación de los derechos a un sector importante del país. Solo son bienvenidas sus remesas y otras contribuciones en el campo de la educación y la cultura, pero se les niegan sus derechos, ampliamente reclamados, para participar en la tomas de decisiones sobre el rumbo de las políticas públicas en México.
Frente a esta triste historia, no queda más que mantener la lucha y rechazar este retroceso, este golpe a la democracia en la Ciudad de México, que excluye e impide el goce pleno de los derechos a una parte de sus ciudadanos